De mantenerse el ritmo actual, las entidades bancarias tardarán una media de 10 años más en deshacerse de todos los pisos con que cuentan tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Todo ello, con un coste, si bien el sector prefiere mantener el ritmo actual, ya que, con los precios actuales, tendría que asumir unas pérdidas que espera poder evitar en el futuro. Sobre todo, porque los mensajes optimistas sobre subidas de los precios inmobiliarios se reducen a Madrid, Barcelona y Baleares. Fuera de estas zonas, la subida en el último año se queda en el 1%. Por otro lado, el número de operaciones, aunque mejora, sigue siendo un 50% inferior a los niveles de antes de la crisis y todavía existe una enorme sobreoferta en el mercado. Por ello, los bancos prefieren esperar antes que vender a estos precios, a pesar de que les suponga esperar casi una década para deshacerse de todo ese "ladrillo". Según estimaciones de JP Morgan, los bancos españoles todavía tienen 156.000 millones de activos "non performing", de los que 80.000 millones son inmuebles adjudicados o recibidos en pago de créditos incobrables y el resto es morosidad. En los nueve primeros meses de 2016, el sector ha vendido alrededor de 12.000 millones, siendo Bankia y el Banco Santander los más activos en este terreno, mientras que Popular es el último.

Por otro lado, el Banco de España no está metiendo presión al sector bancario para que se deshaga de esos activos. De hecho, la única forma de que los bancos aceleraran estas ventas sería porque les obligaran los reguladores, es decir, el BCE y el Banco de España, tal y como ocurrió en Japón en el año 2002. Pero en nuestro país está ocurriendo casi lo contrario. El BdE ha relajado incluso las exigencias de la nueva circular contable para permitir un uso masivo de los modelos internos, con los que se soslaya las exigencias de requisitos mínimos. Una reducción acelerada que, según JP Morgan, también tendría un coste importante. Dado que tendrían que vender activos masivamente a los inversores institucionales, no les quedaría más remedio que elevar los niveles de cobertura hasta una media del 60%, lo cual se prevé que podrían reducir en un 26% el beneficio estimado para el sector en 2018.