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La Fundación La Casa que Ahorra lo ha realizado de forma conjunta con CENER y PwC para plantear al Gobierno medidas sobre la edificación energéticamente eficiente.

Cerca de setenta personas procedentes de sectores como la construcción, medio ambiente, administración y distintos profesionales, se dieron cita en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid para conocer las conclusiones del “Estudio de las medidas fiscales asociadas a la rehabilitación energética” organizado por la Fundación La Casa que Ahorra
 
El presidente de la Fundación La Casa que Ahorra, Pedro Luis Fernández Cano, ha explicado que objetivo que han perseguido con este trabajo, realizado por CENER y Pricewaterhouse Cooper (PwC), ha sido la elaboración de un estudio de propuestas fiscales (IVA, IRPF, ITP e IBI) a plantear al Gobierno para la promoción de la edificación energéticamente eficiente, tanto en obra nueva, como en edificios existentes a través de la rehabilitación. Y todo ello motivado por la falta de concienciación ciudadana en relación a la eficiencia energética, la inexistencia de medidas de fomento de eficiencia energética y el poco cumplimiento de la normativa. 
 
Entre las ponencias expuestas, la que más énfasis encontró fue el expuesto por Alberto Monreal y Jordi Esteve, socio y director de PwC, respectivamente. El objetivo de su estudio era estimar el impacto económico y fiscal de las medidas tributarias propuestas por la Fundación La Casa que Ahorra. Estos ponentes destacaron en su intervención que la aplicación de las medidas podrían aumentar en un año el PIB en 1.606,23 millones de euros; generar 37.092 empleos; un impacto fiscal de 508,7 millones de euros; un ahorro energético de 71,58 millones de euros; una reducción de las emisiones de 350.227 millones de toneladas; una dependencia exterior de energía que se reduciría en 27.494 Tep y lo aplicarían un total de 108.448 viviendas.
 
Estas medidas tienden a potenciar la competitividad, la innovación, el crecimiento económico y la creación de empleo, en particular: incentivar tanto la adquisición de viviendas eficientes energéticamente, como su renovación y reparación; reducir la dependencia energética, disminuir el impacto ambiental y aumentar el ahorro para las familias; y potenciar, de manera eficaz, la lucha contra el fraude fiscal en este sector.
 
Además, este encuentro se completó con la intervención de Florencio Manteca, director del departamento de Energética Edificatoria del CENER, y María Fernández Boneta, miembro también de ese departamento, quienes destacaron que la inversión necesaria es un 150%-250% superior en el caso de una vivienda unifamiliar respecto a una vivienda en bloque. En concreto, en el caso de alcanzar una “B” a partir del caso base “E”, el conjunto de medidas específicas aplicadas a cada caso han resultado un 39,326 millones de euros para la vivienda unifamiliar frente a 12,399 millones de euros de media para la vivienda colectiva.
 
Otra de las conclusiones expuestas es que el escalado de costes no es lineal, sino que la pendiente aumenta a la hora de optar a mejores calificaciones (desde la C hasta la A), teniendo que realizar una mayor esfuerzo económico al tener que implementar una mayor número de medidas de mayor coste, incluyendo instalaciones de alta eficiencia. También hay que sumar las diferencias lógicas entre las distintas zonas climáticas, que inducen en la implantación de unos paquetes de medidas más o menos exigentes.
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