El Ministerio de Fomento ha presentado las líneas del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, con el que pretende dinamizar este sector, con ayudas tanto para la adquisición como para el alquiler de viviendas, así como con subvenciones a la rehabilitación. Además, una de las medidas "estrella" de este plan contempla un programa de ayuda a los jóvenes menores de 35 años, para adquirir o alquilar una vivienda. Para ello, el Gobierno está dispuesto a aportar hasta 10.800 euros (con un tope del 20% del precio de adquisición) en el caso de la compra y el 50% del arrendamiento. En ambos casos, el requisito básico es no tener una renta superior a tres veces el IPREM, es decir, que los futuros beneficiarios no cobren más de 22.365 euros anuales. La ayuda del Gobierno exigiría a los jóvenes tener ahorrados casi 55.000 euros antes de afrontar la compraventa de una vivienda. Con ello, y teniendo en cuenta los niveles de renta estimados por el INE, cada joven tendría que ahorrar toda su renta de 3,3 años para afrontar la compra de una vivienda.

Por este motivo, algunos expertos señalan que este nuevo Plan de Vivienda beneficiaría, y mucho, a los constructores, sobre todo, porque incorpora muchas subvenciones a la rehabilitación y a la promoción. Es el caso de una de las novedades de este programa, que incluye la ayuda a la "creación de un parque de vivienda en alquiler", con el que se subvenciona la construcción de edificios para ser arrendados. En este caso, Fomento se compromete a aportar hasta 300 euros/m2 útil/vivienda con un límite del 40% de la inversión y 31.500 euros/vivienda o hasta 350 euros/m2 útil/vivienda con un límite del 50% de la inversión y de 36.750 euros/vivienda.

Por eso, ha nacido en Barcelona el primer Sindicato de Inquilinos (Sindicat de Llogaters), cuyo objetivo principal es defender unos alquileres justos, estables y asequibles, combatir el abuso inmobiliario y reclamar su regulación. Los portavoces de este sindicato señalan que ha surgido motivado por el incremento de los precios de los alquileres, que en el último año han subido de media un 9%. De hecho, en Barcelona se sitúa, de media, en los 801 euros mensuales por un piso pequeño. Tras el surgimiento de este organismo, que cuenta con un consejo de entidades de apoyo, entre ellas, la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona o el Observatorio Derechos Económicos Sociales y Culturales (DESC), se ha creado otro en Madrid y se está poniendo en marcha otro en Gran Canaria. Uno de los objetivos del sindicato es proteger al inquilino y proporcionarle asesoramiento técnico y jurídico a través de un mediador e intermediarios, cuya finalidad es conseguir alquileres justos y asequibles.