ASCER ha promovido el desarrollo de una Declaración Ambiental de Producto (DAP) sectorial. El trabajo técnico ha sido desarrollado por el Instituto de Tecnología Cerámica (ITC), y la DAP ha sido registrada bajo el sistema GlobalEPD de AENOR. Las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP) son un distintivo reconocido de forma internacional - armonizadas y comparables entre los distintos países- que determinan los impactos ambientales de los productos. Actualmente Italia, Norte América y Alemania disponen de DAPs sectoriales.

Para la elaboración de la DAP se ha contado con la valiosa colaboración de las empresas miembro de ASCER que han aportado datos acerca de sus Análisis del Ciclo de Vida (ACV). Las empresas participantes (que representan al 40% de la producción española) han aportado la totalidad de los datos de inventario, y se considera que los resultados obtenidos en este estudio son reresentativos del sector de español de la fabricación de recubrimientos cerámicos. El alcance de esta DAP es de cuna a tumba.

Además de contar con la DAP sectorial, desde ASCER se ha continuado impulsando el desarrollo de DAPs individuales por las empresas fabricantes, dado que se considera que esta herramienta de comunicación ambiental es una de las más adecuadas para trasmitir los impactos ambientales de los productos de la construcción. Grandes proyectos públicos y privados están introduciendo en sus pliegos de condiciones dicha etiqueta como requisito para los recubrimientos cerámicos. De hecho ASCER desarrolló en 2011 una herramienta informática que permite obtener Declaraciones Ambientales de Producto (DAPs) basadas tanto en el ACV de la baldosa cerámica a nivel sectorial, como en parámetros individuales de cada instalación.

DAP es un sistema de ecoetiquetado internacional de productos del sector de la construcción que permite certificar el impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de los productos y su proceso de fabricación ecoeficiente. Concretamente, la DAP es una ecoetiqueta de tipo III pionera en España que ya es de aplicación en otros países como Noruega, Canadá, Japón, Corea de Sur, Alemania, Holanda, Suiza o Francia, y está en fase de instauración en Dinamarca e Italia.